El juez Abid Quiñones dictaminó prisión por desacato civil para una exjueza debido a su desobediencia recurrente respecto a la orden de demolición en el edificio Sol y Playa de Rincón. Sin embargo, otro magistrado intervino mediante un habeas corpus, liberándola de la posible condena. Este acto genera interrogantes sobre la integridad del sistema judicial. ¿Podría ahora cualquier persona desobedecer una orden y luego buscar la intervención de otro juez para evitar consecuencias? Es un caso que despierta el debate en la Isla del Encanto.